quinta-feira, 24 de novembro de 2016

Sujetos activos y pasivos en el delito de violencia doméstica*

Joao Quiróz - Día de la ponencia
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*Ponencia presentada en el Segundo Congreso Centroamericano y del Caribe de Derecho de Familia.

 RESUMEN
            La ponencia aborda la evolución histórico-legal de los sujetos activos y pasivos en el tipo penal de la violencia doméstica. Reseña la situación del hombre como sujeto pasivo en el delito de violencia doméstica. Finalmente, incluye un análisis de la no protección de las parejas del mismo sexo que viven juntas por el tipo penal de violencia doméstica en Panamá.  Palabras clave: Derecho penal de familia, tipicidad, violencia doméstica.
ABSTRACT
The paper addresses the legal evolution of assets and liabilities subjects in the crime of domestic violence. Review the situation of man as a taxable person in the crime of domestic violence. Finally, it includes an analysis of non-protection of same-sex couples living together for the crime of domestic violence in Panama. Keywords: criminal law family, criminality, domestic violence.

Sobre la tipicidad y los sujetos en el tipo penal
            La tipicidad es uno de los elementos del delito junto a la antijuricidad y culpabilidad. Campo Elias Muñoz y Aura Guerra de Villalaz conceptualizan la tipicidad de la siguiente manera: Por tipicidad entendemos, por tanto, la cualidad de una acción de identificarse con la prevista en una figura delictivo (sic), o dicho en otras palabras, la exigencia de que la conducta se adecue, se subsuma en la totalidad de los requisitos contenidos en la previsión legislativa.”[1] Ahora bien, si la tipicidad es el elemento que da estructura lógico-jurídica al delito dentro de la legislación, lo que se conoce como el tipo penal es el resultado concreto y específico de cómo queda configurada literalmente la acción antijurídica y culpable en dicha legislación. La tipicidad como elemento del delito es entonces arte y ciencia; arte  por la creatividad que implica ajustarse a la necesidad de los tiempos y al bien jurídico que se busca proteger en la sociedad, y ciencia porque tiene que trabajarse con precisión al redactar un tipo penal, pues en él deben contemplarse elementos esenciales que quedan plasmados en dicha redacción, son estos el verbo rector (la conducta delictiva a ser penada), el objeto (o bien jurídico al que se busca dar una protección), la pena, así como los sujetos; éstos a su vez se dividen en sujeto activo y sujeto pasivo. Veamos cómo los define la doctrina: “El sujeto activo es la persona natural que realiza o concretiza con su conducta  la acción descrita por el verbo rector.”[2] Cabe decir que en el tiempo que los autores estudiados redactaban aquellas letras, en los tipos penales usualmente para determinar al sujeto activo se utilizaba la frase “el que” sin embargo en la actualidad al sujeto activo se le determina con la palabra “quien”. Su contraparte es el sujeto pasivo: se considera sujeto pasivo a la persona ofendida por el delito o la víctima del delito.[3]  
            Sin embargo, hay momentos en que por distintos motivos la tipicidad no cubre las expectativas de protección social, sea por la falta de tipificación, como acontecía con los delitos de violencia doméstica en antes de la Ley No. 27 de 16 de junio de 1995, sea por la atipicidad, que debe entenderse por la falta de precisión en la determinación de los elementos que deben contener los tipos penales.[4] Este último problema lo hemos encontrado en Panamá en el desarrollo evolutivo de la tipificación penal del delito de violencia doméstica, como veremos en el siguiente apartado. 

 Los sujetos activos y pasivos en la violencia doméstica
            En la actualidad es el artículo 200 de la Ley No. 14 de 18 de mayo de 2007 “que adopta el Código Penal” la que regula el delito de violencia doméstica, la tipificación del mismo encuentra su antecedente en la Ley No. 38 de 10 de julio de 2001 que regula el régimen jurídico especial de violencia doméstica y maltrato al niño, niña y adolescente. Es importante tener en cuenta que la Ley No. 38 de 2001 es la que le dio una definición jurídica a la violencia doméstica (artículo 2, numeral 8 de la Ley citada) y de la misma manera, la norma define las formas de violencia que pueden darse en el patrón de conducta de la violencia doméstica, es decir: violencia física, violencia patrimonial, violencia sexual, violencia sicológica.   Como puede leerse en la definición legal de la violencia doméstica, el sujeto pasivo u activo de la violencia es una persona indistintamente, es decir sin seguir enfoques de género, de hecho el numeral uno del artículo 2 de la Ley No. 38 define como Agresor o agresora a quien realice cualquier acción u omisión descrita en la definición de violencia en perjuicio de las personas a las que protege la Ley, así como el numeral 6 del citado artículo que define a la víctima sobreviviente como a una persona que sufre o haya sufrido maltrato físico, verbal, sicoemicional (sic), sexual o patrimonial; en ambos numerales se entiende también que el sujeto pasivo o activo de la violencia doméstica puede ser indistintamente mujer u hombre, volviendo al artículo 200 del Código Penal actual, dicha norma comienza su redacción estableciendo que quien hostigue o agreda física, sicologica o patrimonialmente, y luego contempla que estas formas de violencia deben recaer contra otro miembro de la familia; asimismo  la redacción del artículo 13 de la Ley No. 38 de 2001, aunque notablemente diferente a la del Código Penal actual, mantiene el criterio de que la víctima o el agresor o agresora pueden ser del sexo masculino o femenino indistintamente.
            Sin embargo, el primer antecedente legal que contempló el delito de violencia doméstica en Panamá, la Ley No. 27 de 16 de junio de 1995 no tenía un desarrollo conceptual de los términos en ella utilizados, inclusive el tipo penal se denominaba violencia intrafamiliar y era más limitado en relación a los sujetos o grupos de sujetos a los que protegía, refiriéndose solamente a los miembros de la familia, de manera general, como aquellos que podían ser los sujetos activos y pasivos del delito, sin entrar en detalles que sí establece en la actualidad el artículo 200 del Código Penal en su cuarto párrafo, contemplándose protegidos: al matrimonio, a la unión de hecho,  relación de pareja con intención de permanencia con menos de cinco años, parentesco cercano, personas que hayan procreado entre sí un hijo, hijos menores de edad no comunes. Más aun, el artículo 3 de la Ley No. 27 de 1995, al adicionar el artículo 215 A al Código Penal establecía que: El miembro de la familia que agreda física o psicológicamente  a otro miembro, será sancionado… y que: En caso de agresión psicológica, debidamente comprobada por el médico psiquiatra forense, el agresor primario… en este sentido, en la Ley No. 27 de 1995 no se establecía de forma precisa si la mujer podría ser sujeto activo del delito, dándose un problema de atipicidad del tipo penal. Esta determinación del sujeto activo en el delito de violencia doméstica en la Ley No. 27 de 1995 se hace más compleja si se ensaya una revisión de lo que establecía la norma en relación al aspecto procesal de la admisión del desistimiento. El artículo16 de la Ley No. 27 de 1995, que a su vez adicionaba el artículo 1984-A al Código Judicial, establecía que en los casos de violencia intrafamiliar procedía el desistimiento por parte de la persona afectada cuando fuese mayor de edad, y concurrieran tres condiciones: 1. Que el acusado no sea reincidente en este delito u otros delitos dolosos contemplados en la Ley panameña (…) y los dos numerales siguientes de esta norma contemplaban igualmente al sujeto activo como “el acusado”. Utilizando un raciocinio lógico simple para censurar lo redactado, puede interpretarse que solamente existía en esas condiciones un acusado del género masculino en el delito de violencia intrafamiliar aunque también podría interpretarse que no se admitía el desistimiento en caso de que fuese una acusada el sujeto activo en el delito de violencia intrafamiliar, ambas situaciones eran claramente inconstitucionales. La Ley No. 38 de 2001 también superó estos problemas de redacción y allana el camino para que se logre la redacción actual del artículo 1966 del Código Judicial. Cabe destacar que en el Código Procesal Penal, específicamente el artículo 201 donde se plasman los desistimientos y oportunidades, no se contempla el desistimiento en el delito de violencia doméstica.

 El hombre como sujeto pasivo de la violencia doméstica
            El hombre puede ser sujeto pasivo de la violencia doméstica, así lo establece la legislación estudiada, la jurisprudencia[5] actual lo reconoce, así como diversos estudios estadísticos documentan la situación. Para muestra un interesante trabajo realizado en el año 2002[6] que da cuenta que entre el año 2001 hasta enero de 2002 la Fiscalía Primera especializada en Asuntos de Familia y el menor habían 913 denuncias de violencia intrafamiliar promovidas por mujeres frente a 131 promovidas por hombres, en el mismo estudio se incluyó  estadísticas del mismo periodo de denuncias de violencia intrafamiliar en el Hospital Santo Tomás con números más reveladores: 657 promovidas por mujeres frente a 122 promovidas por hombres, sin entrar en mayores detalles el estudio deja ver que entre la instancia de investigación y la unidad nosocomial existía una desproporción del promedio de casos denunciados por hombres ante el Ministerio Público y los casos que requirieron atención médica. Una de las conclusiones del citado estudio es la siguiente: “El mayor agresor de la Violencia Intrafamiliar sigue siendo el hombre contra las mujeres, sobre todo en caso de agresión, violaciones y homicidio, sin embargo, observan casos de agresión y homicidio de mujeres contra hombres.”[7] Es decir, que en el estudio estadístico citado ya se reconocía, hace trece años, la violencia doméstica contra el hombre como un problema social real y manifiesto.

 La no protección del delito de violencia domestica en parejas del mismo sexo que viven juntas
            Ante las grandes evoluciones de la legislación que han sido destacadas,  existe sin embargo una parte de la población a la cual no se le protege con el tipo penal de la violencia doméstica, nos referimos específicamente a las parejas del mismo sexo que viven juntas. El artículo 26 del Código de la Familia establece que el matrimonio es la unión voluntaria de un hombre y una mujer, y para que las uniones de hecho tengan la protección de la legislación penal deben contemplar esa misma circunstancia. Recientemente, mediante Ley 7 de ocho de mayo de 2014, publicada en gaceta oficial 27530, se aprobó el Código de Derecho internacional Privado de la República de Panamá, el artículo 40 de este código prohíbe el matrimonio entre individuos del mismo sexo. En este orden de ideas, las uniones de personas del mismo sexo no son reconocidas legalmente en Panamá, por lo cual además de que no están resguardados sus derechos patrimoniales como pareja[8], tampoco está protegido el segmento de población de parejas del mismo sexo que viven juntos por la legislación en relación al tipo penal de violencia doméstica. Si bien un hecho de violencia entre parejas del mismo sexo que viven juntos puede investigarse e ir a juicio como lesiones personales, también debe tenerse en cuenta que los delitos de violencia doméstica cuando son denunciados, el agente de instrucción o inclusive las autoridades administrativas pueden decretar medidas de seguridad con la finalidad de prevenir a futuro que se agrave la situación familiar, consecuentemente las parejas del mismo sexo que viven juntos no pueden ser protegidos por este tipo de medidas de seguridad, lo que incrementa la situación de peligro y vulnerabilidad de la vida como bien jurídico supremo en estos casos.

CONCLUSIONES
1.    La Ley 31 de 2008 representa una evolución en relación a conceptualización de la violencia doméstica, sus elementos y la tipicidad del hecho punible, en comparación con  la Ley No. 27 de 16 de junio de 1995.   
2.    La determinación de los sujetos activos y pasivos en el tipo penal y la protección de una mayor cantidad de miembros del núcleo familiar, por el tipo penal de violencia doméstica, es uno de los puntos más destacables de esta evolución.
3.    El hombre puede ser sujeto pasivo de la violencia doméstica, de hecho estudios estadísticos destacan que el problema social del hombre maltratado es real y manifiesto.
4.    La población de parejas del mismo sexo que viven juntas no están protegidas por el tipo penal de la violencia doméstica ni por las medidas de seguridad contempladas en la ley en estos casos.
 
PROPUESTAS
 Debe concientizarse más a la población masculina sobre la protección jurídica en relación con el tipo penal de la violencia doméstica. Debe abrirse un diálogo nacional en relación a la situación jurídica de las parejas del mismo sexo que viven juntas, ya que no están siendo protegidos, como nucleo familiar ante el delito de violencia doméstica.



[1] MUÑOZ R., Campo Elias; GUERRA DE VILLALAZ, Aura E. Derecho Penal Panameño (parte general). Ediciones Panamá Viejo. Segunda Edición, Panamá 1980.. Pág. 227.  Disponible en: http://www.penjurpanama.com/v2/ 
[2] Ibid. Pág. 238
[3] Ibid. Pág. 239
[4] Ibid. Pág. 250-251: “Resulta evidente, por tanto, que la falta de conformidad  con un tipo penal (atipicidad) puede provenir de la falta de cualquiera de los elementos integrantes del tipo de que  en concreto se trate. La atipicidad puede provenir, pues, de la falta de la calidad o las condiciones requeridas en el sujeto activo; ausencia de las condiciones o calidades requeridas en el sujeto activo; ausencia de las condiciones o calidades requeridas en el sujeto pasivo(…)”
[5] Algunos fallos en grado de apelación pueden encontrarse en el sitio web del Órgano Judicial, jurisprudencia de los Tribunales superiores de Justicia, entre ellos:  Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, Ponente: LADRÓN DE GUEVARA, Geneva, C. Peregrina Carrera -vs- J. Russell Ramos,  19 de enero de 2010;  Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, Ponente: LADRÓN DE GUEVARA, Geneva, R. Esquivel Hirzel -vs- M. Pretto Lugo,  31 de marzo de 2010
[6] MILLER RAMIREZ, Gladys. Incidencia de casos de violencia  intrafamiliar en Panamá, según sexo en el Periodo de Cinco (5) años 1998-2002. Red nacional contra la violencia dirigida a la mujer y la familiar. Panamá, 2002. Disponible en:  http://binal.ac.pa/binal/iframes/mujer/documento.php?cat=2
[7] Ibid. Pág. 11-12
[8] Panamá América. Democracia es diversidad. 22 de junio de 2015. Disponible en: http://laestrella.com.pa/vida-de-hoy/familia/democracia-diversidad/23874309

quinta-feira, 24 de dezembro de 2015

Nuevos Magistrados: La esperanza*


            El diez de diciembre el Consejo de Gabinete sentó un precedente al elegir a magistrados que estaban dentro de la lista inicial de aspirantes del proceso convocado por el Órgano Ejecutivo.

Como se suele decir: los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, y si bien no todos participamos activamente del proceso en uno u otro rol, enhorabuena han sido elegida y elegido dos profesionales del derecho para las vacantes de Sala Civil y Contencioso-administrativo respectivamente, estando en dicho proceso involucradas varias personas y agrupaciones; qué bueno que no sea el poder de un solo dedo el que designe esta vez.

            Del discurso del presidente para la ocasión del anuncio de los designados, es rescatable aquello de la importancia de la meritocracia, es decir que los funcionarios estatales deben ser seleccionados para sus puestos de acuerdo con su capacidad. No entraré en el debate de si es así o no en la actualidad, pero la idea es buena y ojalá que se legisle y se trabaje en pro de ese objetivo, que cada quien se gane lo suyo a base de su capacidad, trabajo y perseverancia. La incapacidad gubernamental se debe considerablemente al hecho de que existen funcionarios que no tienen ni el grado educativo mínimo para cumplir con el puesto para el que fueron nombrados.

            De vuelta a la designación de las magistraturas, si han entrado con buen pie ambos elegidos se espera que salgan por la puerta grande, ni enjuiciados, ni renunciando (obligados o chantajeados), ni en ninguna forma lamentable como hemos visto desde Almengor, pasando por Moncada, hasta la más reciente salida de Benavides de la Corte. A la abogada Russó le conocemos por sus defensas en procesos y eso es alentador porque sabe ella por experiencia lo difícil que es ser litigante; del abogado Cedalise por lo que dijo en su discurso solamente aceptaría el nombramiento en la Sala Tercera y fue allí designado.

           El Órgano Judicial necesita reinventarse. El escándalo de la taquilla tocó la puerta de Juzgados y el Segundo Tribunal Superior, a gente Jhony Ayala Castillo no le hacen la audiencia por la incapacidad demostrada del Sistema después  de casi cuatro años en espera y detenido preventivamente, gente que ve afectada su vida por un proceso amañado. Los nuevos magistrados tienen la oportunidad en los próximos diez años de hacer la diferencia o mantener las cosas como están, ojalá no decepcionen al pueblo, a la esperanza que en ellos ha puesto.
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*Publicado en el diario Panamá América, 24/12/2015

terça-feira, 8 de dezembro de 2015

Nuevos Magistrados: El Reality*

       


       Eso de los reality shows ya estaba muy de moda, desde survivor, aquel en que tiraban a la gente en la jungla y le hacían consejos tribales para irlos sacando uno a uno; hace unos días escuché a alguien que recordaba aquel reality show en donde escogían a una reina de carnaval, yo sinceramente –poco pendiente a la televisión– no lo recuerdo, pero sí me acuerdo que Bosco, el triste célebre Alcalde, alcanzó el máximo de su popularidad bailando en un Reality, luego ganó la alcaldía, y ahora sabemos el resto de la historia.

Algunos conspiradores comentan muy maliciosamente que aquello de las preguntas televisadas al top ten de los candidatos a Magistrados de la Suprema Corte no es más que una estrategia para levantarle el rating al Canal Once y luego desde allí hacer una propaganda agresiva para que cambie la “percepción” de que el gobierno es lento, del problema de la inseguridad, etc.

Muy canalla el planteamiento del párrafo pasado, pero si uno se pone a pensar ¿Cuál es el objetivo de hacerles las preguntas a las señoras y señores en televisión? Uno se pone a pensar que en verdad no hay claridad de objetivos, quizá dar la percepción –disculpen que repita la palabra– de que en este gobierno se están haciendo las cosas democráticamente, pero hasta allí, porque el veintiocho de noviembre el mismísimo Juan Carlos Varela dijo que la designación de los Magistrados era una atribución suya.

El Presidente es quien está en lo cierto, fundamentado nada más y nada menos que en la Constitución Nacional (véase artículo 203) aunque el texto dice que los Magistrados son nombrados por acuerdo del Consejo de Gabinete, queda claro entonces que el Gabinete es Varela. Luego, los designados por no decir ungidos, deben ser aprobados por la Asamblea Nacional; las lenguas entendidas dicen que ese era el objetivo de la reunión con los 12 dipu-tránsfugas CD y aunque duela mucho eso, ya es material de otro artículo de opinión.

Otra cosa que duele es que gente seria se preste para hacer esos shows mediáticos cuando saben que lo que de ese proceso salga, no es jurídicamente vinculante. Por otro lado, la sociedad civil no representa a los intereses más elementales de la población panameña, y ya hemos visto que grupos como Alianza Ciudadana o MOVIN responden a los intereses de quienes les financian ¿y quién nos salva de este show de villanos contra villanos?   
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* Publicado en el diario Panamá América 8/12/2015

segunda-feira, 30 de novembro de 2015

La taquilla y taquilleros*

                Las noticias del doce de noviembre publicaban lo que ya se hablaba en tribunales por los colegas hace meses, y no fue tan sorprendente que allanaran al Juzgado Décimo Sexto y al Segundo Tribunal del Primer Distrito Judicial, lo que sorprende es que no le hayan caído a otros despachos judiciales ni al centro de operaciones de “La Taquilla”.

Ahora, las investigaciones están centradas en supuestos actos de corrupción dentro del Sistema de Justicia –entiéndase Órgano Judicial y Ministerio Público–  libertades otorgadas a condición de previo pago, “destrancamiento” de procesos en mora y ojalá salga a relucir todo lo que tenga que salir, incluyendo nombres de los grandes involucrados, porque es mentira que solamente los funcionarios sin mando ni jurisdicción pueden hacer todo eso.

      Ningún delito es justificable, pero las circunstancias sociales, económicas y políticas actuales son tan propicias para la creación y desarrollo de mafias que de hecho nacen y engordan en armonía con la Coalición PRD-Varelismo, el boom inmobiliario, los subsidiados estatales y otras asociaciones de objetivos dudosos e indefinidos, pero poderosas.

     Además, lo del trabajo honesto en este país ya no es tan rentable, muchas cuentas por pagar, todo caro y al final del día se cuentan los peniques entre los escombros del cansancio para luego ir a hacer super y que ya no quede nada, sin embargo los sobornos y bonificaciones del tráfico de influencias están exentas de pago de impuesto y otros descuentos del cheque, y las cifras según se dice, pasan de las cinco.

         El Sistema de Justicia parece estar en un permanente estado de excepción porque si uno lee la Ley, dice dizque que la detención preventiva se aplicará como excepción, pero las cárceles están a reventarse de detenidos preventivamente, así las cosas el cliente llega donde el abogado y en vez de andar con rodeos, le pregunta: Doctor, ¿Cuánto me cobra el fiscal (o el magistrado) para dejarme salir? Quien no entienda la pregunta, después de vivir una semana en La Joyita comienza a llamar a los familiares a ver si se puede hacer la vaca.

     Allí entra “La Taquilla”. Los taquilleros, que como dice el diccionario, proporcionan buenas recaudaciones a su empresa, cumplen fraudulentamente la tarea de conseguir lo que el Sistema de Justicia debe otorgar legítima y legalmente (medidas cautelares, libertades, inmediatez judicial), mal necesario que paga quien tiene para hacerlo.   
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*Publicado en el diario Panamá América, 30/11/2015

domingo, 22 de novembro de 2015

La endeble libertad del panameño

Después de la vida, solamente la libertad, derecho inalienable que también implica deberes y ello es innegable. Las diversas corrientes teóricas del derecho penal moderno coinciden en que la comisión de un delito es una mala administración de esa libertad y que por ende la persona que cometió la acción antijurídica, tipificada y culpable debe ser privada de su libertad. 

          Pero para que aquello de la privación de la libertad opere, las teorías también coinciden en que debe existir un proceso en el que se respeten las garantías de la persona, una investigación en la que el imputado pueda defenderse de lo que se le acusa, que la causa sea decidida ante un juez imparcial y antes de todo ello es fundamental que el supuesto acto cometido, investigado y juzgado sea delito tipificado en el Código Penal. La Ley panameña, acepta que este camino debe cumplirse cuando menos en el papel, es decir la Ley acepta que el proceso penal no debe ser un mecanismo arbitrario, utilizable en caso de venganza, rabia o revanchismo.

           Es esta misma Ley tanto en el sistema inquisitivo como en el acusatorio que establece condiciones para que se apliquen detenciones preventivas y más importante todavía: es esta Ley la que expresa que la detención preventiva solamente será utilizada como último recurso…dicho esto es válido formularse algunas preguntas: ¿Se hace en la actualidad uso adecuado del proceso penal en Panamá? ¿Se está respetando en este país el derecho a la libertad en su medida suprema? ¿Habrá estudiado fiscal o juez de garantía cada caso llegado a su conocimiento antes de ordenar una detención preventiva?

          Se lee y se escucha en los medios de detenciones preventivas en delitos que ni siquiera pueden aplicarse estas medidas, casos específicos: José Raul Mulino, Alejandro Garúz. Pensando en el propio pellejo puede uno formularse la otra pregunta: Si estos señores que tienen los recursos para defenderse, son detenidos preventivamente evidenciando arbitrariedades ¿Qué pasará si yo panameño de a pie y descalzo me veo envuelto, por circunstancias de la vida, en un proceso penal?

         A veces no es necesario el proceso penal. Hace poco se ha conocido de casos de motociclistas “retenidos” varias horas en subestaciones policiales para “procesos de afiliación” ¿Habrase visto cómo están jugando con nuestra libertad? Por eso pareciese que en este país la libertad se ha convertido en una sustancia endeble, condicionada a la arbitrariedad de la autoridad del Presidente para abajo. 
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sexta-feira, 24 de abril de 2015

Sobre nepotismo*

        La prensa y la televisora - al parecer, semi-oficialistas- han aplaudido las renuncias de los familiares de altos cargos públicos. Hay una regla no escrita de no fustigar a los nuevos gobiernos en sus primeros meses de trabajo, sin embargo el lío no es tan sencillo como pasar la página con las renuncias y que todo quede olvidado. Los servidores públicos se deben al respeto de la Ley y con dichos nombramientos, los ministros Henríquez y Alemán incurrieron en prohibiciones sobre el conflicto de intereses y nepotismo establecidos en el Decreto Ejecutivo de 15 de diciembre de 2004.

     Según el propio Presidente, el Decreto Ejecutivo No. 246 de 15 de diciembre de 2004 “Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos que laboran en las entidades del Gobierno Central” debe ser cumplido al pie de la letra. El instrumento jurídico en su artículo 44 establece sanciones: “En atención a la gravedad de la falta cometida, será sancionado administrativamente con amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión del cargo o destitución.” La norma no es clara en relación a los parámetros para determinar “la gravedad de la falta cometida”, pero en lo que no debe haber dudas es que existe una sanción aplicable a los ministros y es mejor que, atendiendo al principio de la transparencia en la administración gubernamental, dicha sanción sea dada a conocer a la población panameña.

      A propósito de la coyuntura, el estudio de la norma es necesario y se deja ver que está bastante bien hecha en términos de redacción y espíritu, sin embargo su condición de Decreto Ejecutivo hace que sea vulnerable en relación con otras normas superiores como por ejemplo una Ley Orgánica.

   Si por casualidades de la vida un funcionario es destituido de una institución autónoma con fundamento en el Decreto Ejecutivo No. 246, teniendo la Ley Orgánica de la Institución sus propias causales de destitución, él podrá solicitar la ilegalidad del acto y tendrá grandes posibilidades de que su reclamación sea valorada positivamente por la Corte Suprema.

      La propia historia reciente indica no es necesario ser de la misma familia para encubrir graves faltas y/o delitos contra la administración desde un cargo público; de lo que se trata es de que la administración pública se ejerza con todos aquellos principios que el Decreto Ejecutivo citad en su Capítulo II busca proteger, es decir:      La aptitud de las personas que administran la cosa pública, la prudencia, la justicia, la templanza, la idoneidad, la igualdad, el respeto y el liderazgo, y en ese sentido en lo que debe trabajar la Asamblea Legislativa es en una Ley General de Concursos de Puestos Públicos, para que se institucionalice la meritocracia en detrimento de la dedocracia.
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 * Publicado en el diario Panamá América.