segunda-feira, 25 de agosto de 2014

Las difíciles tareas del corregidor*

Versión Impresa
El Corregidor es una autoridad política de los corregimientos y barrios de Panamá, es también el jefe de policía en estas circunscripciones geográficas lo que significa que es un funcionario de la administración pública que tiene como objetivo la ejecución de las leyes y demás disposiciones nacionales y/o municipales, encaminadas a la conservación de la tranquilidad social, de la moralidad y de las buenas costumbres y a la protección de las personas y sus intereses individuales y colectivos.  El fundamento jurídico para la existencia del Corregidor se encuentra en el Código Administrativo, que es la Ley 1ª de 22 de agosto de 1916, es decir, una Ley que tiene 98 años de edad.

Esa abstracta descripción de la labor de la autoridad de policía se manifiesta concretamente, para el Corregidor -hablando en términos literarios- en una especie de lucha quijotesca contra el mal social y en defensa de los desvalidos. Que suene gracioso no quiere decir que lo sea y es que un Corregidor en el ejercicio de sus funciones tiene que preocuparse por tomar medidas en caso de una situación que amenace el orden público (esto de por sí tiene un rango de acción amplísimo), debe imponer penas correccionales en caso de contravenciones administrativas, realizar allanamientos, administrar justicia en controversias civiles, así como tienen la atribución de usar la fuerza para impedir la perpetración de un delito.

Según la Ley el Corregidor tiene atribuciones tan disímiles como: “ordenar todo lo que sea oportuno para contener un incendio”, “Disolver reuniones tumultuarias”, practicar lanzamientos de personas intrusas en domicilios, suspender la venta de carnes en mal estado, realizar el reconocimiento de individuos indigentes así como la concesión de licencia para mendigar (según los artículos 1161 y 1165 del Código Administrativo, respectivamente), otorgar permisos para fiestas y espectáculos públicos, conducir a la cárcel a personas en estado de embriaguez y velar por su seguridad; este largo inventario sólo incluye un limitado número del total de las responsabilidades del Corregidor en el ejercicio de sus obligaciones como servidor público.

Algunas de las atribuciones asumidas por el Corregidor deberían considerarse en la actualidad, incompatibles con los principios de independencia y eficiencia de la administración pública. ¿Cómo puede cargarse al Corregidor de la responsabilidad de ser Juez y a la vez de ser quien ejecuta la ley? En las contravenciones administrativas, es el Corregidor quien puede ordenar la conducción de un individuo y luego es él mismo quien impone la multa o pena de cárcel. En el caso de la eficiencia administrativa, cabe preguntarse ¿Será que el Corregidor es capaz de realizar todas las labores que su posición demanda  de la mejor manera posible?

Abierto el saludable debate sobre la institucionalidad democrática nacional no puede volcarse la opinión pública irracionalmente sobre los “grandes temas” de la corrupción o la administración de los fondos públicos, ya que en esa medida se van olvidando algunos anacronismos legales existentes como el cúmulo de atribuciones del Corregidor, que merecen su estudio y modificación si en verdad existe la voluntad de hacer democracia.
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*Publicado en el Diario Panamá América, 2014/08/20.

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