segunda-feira, 23 de fevereiro de 2015

Peritajes necesarios*

          El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) es una entidad pública, adscrita al Ministerio Público, cuya misión fundamental es brindar asesoría científica y técnica a la administración de justicia en lo concerniente al análisis, a la evaluación, a la investigación y a la descripción científica o médico-científica de los hallazgos y evidencias médico legales. Una función específica de esta institución, según el numeral primero del artículo dos de la Ley N.° 50 del 13 de diciembre de 2006 “Que reorganiza el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses”, establece que se deben: Prestar los servicios periciales médico-legales y de las ciencias forenses solicitados por las autoridades competentes.

El Ministerio Público es la institución estatal que concentra la responsabilidad de realizar la investigación de los delitos, lo que se ve reflejado en una actividad denominada instrucción del sumario, que se conoce como “abrir el expediente”. Uno de los propósitos de la instrucción del sumario, según lo establece el numeral dos del artículo 2031 del Código Judicial es: Comprobar el alcance de las lesiones físicas, mentales y emocionales sufridas por la víctima, su representante legal o tutor y sus pacientes cercanos, como resultado del delito, así como los servicios profesionales médicos y psicológicos para su inmediata atención.

 En muchos casos en que se inicia la instrucción del sumario, específicamente en las Agencias Delegadas de la Fiscalía Auxiliar, pareciera como si el funcionario de instrucción estuviese olvidando la existencia del Imelcf, así como la atribución (y responsabilidad) que tiene para solicitar la práctica de los peritajes médicos.

 En la fase inicial de la investigación de muchas modalidades de delitos, es primordial ordenar la práctica de ciertas pruebas y peritajes médicos esenciales para descubrir si se cometió un delito bien como para determinar su gravedad; sin embargo, en la revisión de un dossier iniciado por un supuesto delito de robo —por traer un ejemplo muy común— uno puede encontrarse con documentos como: la denuncia del ofendido, un informe de novedad de la Policía Nacional, pero muy difícilmente con algún oficio en el que se solicite un peritaje médico al Imelcf sobre las condiciones físicas y sicológicas de la víctima o el reconocimiento de los exámenes practicados inmediatamente por un médico privado o del sistema público de salud, esto complica las cosas para el fiscal, pues le será más difícil probar la existencia de la violencia o intimidación en los delitos de robo.

Otra irregularidad de la omisión oportuna de la orden de un peritaje médico ante un delito es la violación del derecho de la víctima de recibir a futuro un tratamiento adecuado para lesiones físicas, sicológicas y emocionales, pues si no es conocido el daño oportunamente, la recuperación se hará más compleja.
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*Artículo Publicado en el Diario Panamá América.

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